En virtud de esta reforma los que tengan antecedentes podrían enfrentarse a penas de cárcel
Un total de 154 conductores han sido detenidos en los dos primeros días de aplicación de la reforma del Código Penal que endurece los delitos contra la seguridad vial y el tráfico, al considerar delito circular sobrepasando los límites de velocidad o la tasa de alcohol permitida. En virtud de esta reforma, los conductores con antecedentes podrían enfrentarse a medidas de cárcel de tres a seis meses.
La mayoría de los detenidos han comparecido ya ante el juez y, en un número que no ha podido confirmar ni la Fiscalía de Seguridad Vial ni la Dirección General de Tráfico, han sido condenados a penas de prisión. Al no tener los imputados antecedentes penales, éstas han sido conmutadas por multas de hasta 3.000 euros y trabajos en servicio de la comunidad, más la retirada temporal del carné de conducir. Alguno de los detenidos, al haber reconocido los hechos ante el juez y aceptar la sentencia de conformidad han conseguido rebajas en sus condenas.
La reforma entró en vigor la madrugada del 2 al 3 de diciembre durante la cual fueron detenidas 131 personas por sobrepasar la tasa de alcohol y una por exceso de velocidad. El día 3, fueron 20 los detenidos por superar los 0,60 miligramos de alcohol por litro de aire espirado y dos por circular a más velocidad de la permitida.
Según el director general de Tráfico, Pere Navarro, éstos son parámetros normales y no será hasta dentro de cuatro o cinco meses "cuando comience a surtir efecto esta reforma, y por lo tanto, habrá menos casos". Navarro señaló también que en el caso de "grandes velocidades" detectadas con radares móviles, "se alertará a todas las unidades para detener al conductor del vehículo".
La DGT pondrá en marcha, a partir de las tres de la tarde, un dispositivo especial con motivo del puente de La Constitución y la festividad de la Inmaculada, en el que se prevén seis millones de desplazamientos. Durante estos días, los paneles de mensaje variable de las carreteras, recordarán la entrada en vigor de las nuevas penas para los conductores que no respeten las normas.
La nueva normativa
Desde el pasado domingo, se van a criminalizar hechos que hasta ahora se quedaban en infracciones administrativas, estableciendo un límite concreto de velocidad (110 kilómetros por hora en ciudad, 180 en carretera y 200 en autovía) a partir de la cual el conductor comete un delito por el que puede ser castigado con hasta seis meses de cárcel, además de trabajos en beneficio de la comunidad y la consecuente privación del carné de conducir.
La nueva norma establece también un umbral del delito en el caso de la conducción bajo los efectos del alcohol o drogas, castigando con las mismas penas que en el exceso desproporcionado de velocidad al que dé 0,60 miligramos en el alcoholímetro o 1,2 gramos por litro en el análisis de sangre. En caso de que esas dos conductas (la velocidad excesiva y la alcoholemia al volante) pongan en concreto peligro la vida o la integridad de alguien, el castigo máximo alcanza los dos años de cárcel. Aún así, en la mayoría de los casos, la condena no implicará el ingreso automático en prisión ya que, si la pena es inferior a dos años y el acusado carece de antecedentes penales (lo que suele suceder en estos casos) el juez puede decretar la suspensión del castigo.
Rebajas y condenas
La reforma entró en vigor la madrugada del 2 al 3 de diciembre durante la cual fueron detenidas 131 personas por sobrepasar la tasa de alcohol y una por exceso de velocidad. El día 3, fueron 20 los detenidos por superar los 0,60 miligramos de alcohol por litro de aire espirado y dos por circular a más velocidad de la permitida.
Según el director general de Tráfico, Pere Navarro, éstos son parámetros normales y no será hasta dentro de cuatro o cinco meses "cuando comience a surtir efecto esta reforma, y por lo tanto, habrá menos casos". Navarro señaló también que en el caso de "grandes velocidades" detectadas con radares móviles, "se alertará a todas las unidades para detener al conductor del vehículo".
La DGT pondrá en marcha, a partir de las tres de la tarde, un dispositivo especial con motivo del puente de La Constitución y la festividad de la Inmaculada, en el que se prevén seis millones de desplazamientos. Durante estos días, los paneles de mensaje variable de las carreteras, recordarán la entrada en vigor de las nuevas penas para los conductores que no respeten las normas.
La nueva normativa
Desde el pasado domingo, se van a criminalizar hechos que hasta ahora se quedaban en infracciones administrativas, estableciendo un límite concreto de velocidad (110 kilómetros por hora en ciudad, 180 en carretera y 200 en autovía) a partir de la cual el conductor comete un delito por el que puede ser castigado con hasta seis meses de cárcel, además de trabajos en beneficio de la comunidad y la consecuente privación del carné de conducir.
La nueva norma establece también un umbral del delito en el caso de la conducción bajo los efectos del alcohol o drogas, castigando con las mismas penas que en el exceso desproporcionado de velocidad al que dé 0,60 miligramos en el alcoholímetro o 1,2 gramos por litro en el análisis de sangre. En caso de que esas dos conductas (la velocidad excesiva y la alcoholemia al volante) pongan en concreto peligro la vida o la integridad de alguien, el castigo máximo alcanza los dos años de cárcel. Aún así, en la mayoría de los casos, la condena no implicará el ingreso automático en prisión ya que, si la pena es inferior a dos años y el acusado carece de antecedentes penales (lo que suele suceder en estos casos) el juez puede decretar la suspensión del castigo.
Rebajas y condenas
En algunos casos, los detenidos, al haber reconocido los hechos ante el juez y aceptado la sentencia, han conseguido rebajas en sus condenas. Es el caso de un conductor que fue arrestado en Valencia el domingo por conducir ebrio y negarse a pasar el test de alcoholemia en comisaría. Circulaba a las cuatro de la madrugada por una calle de la ciudad realizando maniobras extrañas cuando fue interceptado por los agentes, que le practicaron una primera prueba de alcoholemia, que confirmó que el conductor circulaba con una tasa de alcohol superior a 0,60 miligramos por litro de aire espirado. Según la reforma penal, presuntamente estaría cometiendo un delito castigado con hasta seis meses de prisión. Cuando los agentes le instaron a realizar una segunda prueba de alcoholemia, ya en comisaría, para confirmar el resultado, el hombre se negó. Una actitud que también está castigada con hasta un año de prisión. El hombre fue puesto a disposición judicial y condenado a seis meses de prisión, que finalmente han sido sustituidos por 2.160 euros de multa y la privación del derecho a conducir de 16 meses.